CSIF alerta del colapso de la inclusión educativa en Aragón
El sindicato denuncia que el alumnado con necesidades educativas especiales se ha triplicado en doce años mientras los recursos no han crecido al mismo ritmo, generando infradiagnóstico y sobrecarga profesional.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado una seria advertencia sobre el estado de la inclusión educativa en Aragón. Según el sindicato, el modelo “fracasa por la falta de recursos para atender la diversidad”, una afirmación sustentada en los datos oficiales del Informe del Sistema Educativo de Aragón. En palabras del documento, “el alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) se ha triplicado en doce años… pasando de 2.110 a 5.998” , un crecimiento que no ha ido acompañado de un refuerzo proporcional de medios.
El sindicato presentó su Estudio sobre Inclusión en las aulas aragonesas, donde analiza el incremento tanto del alumnado ACNEE —discapacidades, TEA, trastornos de conducta— como del alumnado ACNEAE, que incluye casos de déficit de atención o dislexia. La organización subraya que “Aragón invierte hoy por alumno menos que hace doce años”, lo que agrava la brecha entre necesidades reales y recursos disponibles.
Infradiagnóstico y ratios muy por debajo de la media nacional
La falta de orientadores es uno de los puntos críticos señalados por CSIF. El informe recuerda que “el 5% del alumnado es ACNEAE… frente al 17% de media en España”, una diferencia que el sindicato atribuye al infradiagnóstico derivado de la escasez de personal especializado.
Mónica de Cristóbal, portavoz de CSIF Educación Aragón, resume la situación con contundencia: “Nuestro sistema educativo tiene una gran carencia de personal docente y no docente para atender la diversidad… Nuestro personal está sobrecargado y sufre un gran estrés”.
Reivindicaciones: más personal, más normativa y menos burocracia
CSIF reclama la negociación y publicación de la IV Orden que desarrolle el Decreto de Inclusión de 2017, actualizado en 2022. Actualmente, denuncian, “no hay una normativa que regule la dotación de recursos especializados”.
Entre sus exigencias destacan:
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Incremento del 40% en las plantillas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación.
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Aumento del número de centros y aulas de Educación Especial.
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Reducción de ratios en las aulas.
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Disminución de la carga burocrática que soportan los equipos docentes.
El sindicato insiste en que la escuela pública debe garantizar la igualdad de oportunidades, pero advierte de que la falta de recursos amenaza ese principio fundamental.