Crisis en los centros de menores: Aragón reclama una reforma urgente
Aragón exige cambios en la Ley penal del menor ante el aumento de violencia en centros de protección y reforma
El Gobierno de Aragón ha elevado el tono ante la creciente presión que soporta el sistema autonómico de protección y reforma. La Administración reclama una reforma urgente de la Ley penal del menor, convencida de que la normativa actual es insuficiente para gestionar los perfiles violentos que han irrumpido en los centros durante los últimos meses. La situación, reconocen, ha superado la capacidad de respuesta de los recursos existentes, tanto educativos como de seguridad.
La reunión institucional celebrada en Zaragoza reunió a representantes de la Judicatura, la Fiscalía de Menores, Policía Nacional, Guardia Civil y Delegación del Gobierno. El objetivo fue coordinar actuaciones y compartir un diagnóstico común: los episodios de violencia, daños materiales, agresiones y amenazas se han multiplicado en centros de protección y en el de reforma de Juslibol, obligando a intervenciones policiales reiteradas.
El Ejecutivo autonómico sostiene que el comportamiento disruptivo de varios jóvenes, repetido en distintos recursos, ha generado una tensión estructural que compromete la convivencia y la integridad tanto de los trabajadores como del resto de menores. La implantación del sistema AlertCops, prevista como refuerzo de seguridad, quedó descartada por el Ministerio del Interior en 2025, lo que ha dejado a los centros sin una herramienta que Aragón consideraba clave.
A esta situación se suma el goteo de menores extranjeros no acompañados, cuyo traslado estatal ha obligado a ampliar la red de acogida. Según el Gobierno autonómico, la laxitud en el control de fronteras y la falta de medios para gestionar la llegada de jóvenes con trayectorias vitales complejas están tensionando el sistema. Por ello, Aragón ha solicitado al Gobierno de España que retome las negociaciones con Marruecos y Argelia para facilitar la repatriación y reunificación familiar. Ya se ha pedido formalmente el retorno de una docena de menores cuyos perfiles se consideran incompatibles con la convivencia en los recursos autonómicos.
La DGA insiste en que la Ley Orgánica 5/2000 no ofrece herramientas suficientes para contener situaciones que afectan tanto a menores extranjeros como nacionales. Reclama un endurecimiento de las medidas para quienes delinquen, acompañado de una revisión de las condiciones de cumplimiento, especialmente en casos de jóvenes mayores de 18 años que comparten espacios con menores de edad.
En el centro de Juslibol, con 36 plazas ocupadas, se trabaja en un nuevo pliego de gestión tras quedar desierto el anterior. El plan incluye un aumento de la dotación económica y una reorganización interna para mejorar la atención educativa y la seguridad.
Pese al refuerzo de personal y recursos en los últimos meses, el Gobierno autonómico admite que los comportamientos violentos de algunos jóvenes están perjudicando la evolución de otros que sí avanzan en su integración. La situación, advierten, exige una respuesta legislativa y una mayor implicación del Estado en materia de seguridad y política migratoria.