CHA exige esclarecer el ‘caso Forestalia’ en Aragón

La petición de Chunta Aragonesista (CHA) para investigar a fondo el llamado “caso Forestalia” marca un nuevo punto de tensión en el debate sobre la tramitación de grandes proyectos energéticos en Aragón. La formación aragonesista reclama la creación de una comisión de investigación en las Cortes y la paralización cautelar de todos los expedientes vinculados a la empresa, tras conocerse nuevas informaciones judiciales sobre presuntas irregularidades en la evaluación ambiental de macroproyectos.

El portavoz de CHA en las Cortes, Jorge Pueyo, sostiene que los datos revelados recientemente suponen “un giro cualitativo muy grave” en la investigación. Según el documento, las informaciones judiciales y periodísticas apuntan a la posible existencia de una trama destinada a manipular procedimientos administrativos para favorecer la aprobación de proyectos energéticos a gran escala. “Aragón merece saber toda la verdad”, afirma Pueyo en la nota de prensa.

La formación considera imprescindible una respuesta política inmediata que permita esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Pueyo subraya que la ciudadanía tiene derecho a conocer “qué ocurrió, quién tomó las decisiones y si se vulneraron los procedimientos que deben garantizar la protección ambiental”.

CHA registrará en las Cortes de Aragón una propuesta para constituir una comisión de investigación centrada en la tramitación de los proyectos vinculados a Forestalia, y solicitará el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Paralelamente, impulsará iniciativas tanto en el Parlamento aragonés como en el Congreso para exigir la paralización cautelar de los proyectos bajo sospecha, la revisión de los procedimientos administrativos y el acceso completo a los expedientes de la empresa investigada.

La formación advierte de que, si se confirman las irregularidades, Aragón podría estar ante “uno de los mayores escándalos en la gestión de proyectos energéticos” en la comunidad. Pueyo insiste en que la investigación debe llegar “hasta el final” por responsabilidad democrática y por respeto al territorio.