Aragón reivindica su gestión de la VPO en plena polémica institucional
El Gobierno de Aragón defiende la eficacia de su política de vivienda protegida, responde al informe de la Cámara de Cuentas y anuncia mejoras en la publicidad de promociones y en la gestión de registros.
La directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón, María Pía Canals, ha defendido con firmeza la actuación del Ejecutivo autonómico en materia de vivienda protegida tras las observaciones formuladas por la Cámara de Cuentas sobre la promoción y el control de esta tipología residencial durante los ejercicios 2023 y 2024 . Canals ha subrayado que la actual administración ha logrado revertir una situación de bloqueo que afectaba a cientos de expedientes y que, según afirma, impedía el avance del parque de VPO en Aragón.
La responsable autonómica ha explicado que, al asumir el cargo, se encontró con casi 800 viviendas pendientes de calificación o autorización, algunas con más de dos años de retraso. En la actualidad, únicamente quedan dos promociones a la espera de calificación provisional, lo que permitirá incorporar 250 nuevas viviendas protegidas en Zaragoza en un plazo breve. Este desbloqueo, sostiene, ha sido posible gracias a una reorganización interna, a la motivación de los equipos técnicos y a la actualización del módulo de vivienda protegida realizada en abril del año pasado.
En paralelo, Canals ha destacado que en Aragón se están construyendo 1.541 viviendas protegidas, de las cuales 90 se ubican en Huesca capital y el resto en Zaragoza. A su juicio, estas cifras evidencian un cambio de ritmo en la política de vivienda y una apuesta decidida por ampliar la oferta de vivienda asequible en la comunidad.
Respecto al informe de la Cámara de Cuentas, la directora general ha puntualizado que las observaciones se centran en aspectos muy concretos: la estructuración de los registros y la publicidad de las promociones. Ha defendido que los registros existen, son operativos y contienen información clara y detallada, aunque ha admitido que podrían estar mejor unificados. Para ello, ha anunciado que el departamento trabaja ya en una nueva plataforma de gestión destinada a recopilar y explotar toda la información procedente de las aplicaciones históricas y actuales.
En materia de planificación, Canals ha reivindicado el Plan Aragón Más Vivienda, dotado con 400 millones de euros para seis años y que, según sus datos, ha permitido impulsar más de 3.000 viviendas públicas de alquiler asequible en apenas dos años. Ha cuestionado, por tanto, que exista un déficit de planificación, y ha defendido que el plan constituye una hoja de ruta sólida para ampliar el parque público en capitales, zonas rurales, áreas turísticas y entornos con demanda laboral.
Uno de los puntos más sensibles del debate es el registro de solicitantes de VPO, suspendido desde 2013. Canals ha señalado que se analizará su posible reactivación, siempre en función de su utilidad real y de su oportunidad administrativa. Ha recordado que lleva inactivo trece años sin que ningún gobierno anterior haya considerado necesario recuperarlo.
La directora general también ha respondido a las críticas sobre la falta de publicidad de las promociones. Ha reconocido que existe margen de mejora, pero ha rechazado que la información no sea accesible. Según ha indicado, basta con buscar “vivienda protegida de Aragón” en cualquier navegador para acceder a la página oficial donde se detallan todas las promociones de venta y alquiler en la comunidad.
Finalmente, Canals ha puesto en valor la coordinación con diputaciones provinciales y ayuntamientos para promover vivienda en suelos públicos. Sin embargo, ha lamentado la falta de colaboración del Gobierno central, al que acusa de no haber cedido suelo ocioso que permitiría desarrollar 2.000 viviendas adicionales en Zaragoza.