Aragón refuerza el uso social de las herencias sin beneficiarios
La Comunidad Autónoma actualiza el decreto que regula las herencias vacantes y prioriza la cesión de viviendas a políticas públicas de vivienda social
El Gobierno de Aragón ha dado un paso decisivo para modernizar y ordenar la gestión de las herencias sin herederos, un ámbito que en los últimos años había experimentado un notable incremento y que exigía una regulación más clara y adaptada a la realidad administrativa. El nuevo Decreto, publicado en el Boletín Oficial de Aragón y sometido a información pública, redefine el procedimiento y refuerza la orientación social de los bienes que pasan a manos de la Comunidad Autónoma .
La norma actualiza el marco vigente desde 2014 y se ajusta a los cambios legales introducidos desde que, en 2015, la Administración aragonesa puede declararse heredera directamente por vía administrativa, sin necesidad de intervención judicial. Esta modificación, que agilizó los trámites, también evidenció la necesidad de un sistema más transparente y homogéneo para la gestión de estos expedientes.
Uno de los ejes centrales del nuevo decreto es la prioridad del destino social de las viviendas que la Comunidad reciba por herencia. Siempre que el inmueble reúna las condiciones adecuadas, se destinará como primera opción a políticas públicas de vivienda social, reforzando así la función social del patrimonio heredado y contribuyendo a ampliar el parque público disponible en Aragón.
El texto también clarifica el procedimiento de comunicación de posibles herencias. Cualquier persona podrá informar del fallecimiento de alguien sin familiares conocidos, sin que ello implique obligación alguna. Además, cuando la comunicación provenga de una entidad o establecimiento de asistencia social que pueda resultar beneficiario, se reconocerá un incentivo económico sobre el caudal finalmente liquidado.
Otro de los avances significativos es la introducción de criterios objetivos y transparentes para el reparto del caudal económico heredado. Hasta ahora, la distribución se realizaba entre entidades sociales solicitantes sin un sistema de prioridades definido. Con la nueva regulación, los fondos se asignarán preferentemente a entidades de acción social del municipio donde la persona fallecida tuvo su último domicilio. Si no existieran, el dinero se incorporará a líneas de subvención para fines de interés social o a proyectos propios de inversión social del Gobierno de Aragón.
El proyecto puede consultarse en el Portal de Transparencia, a través de la aplicación SENA, dentro del apartado de normas en tramitación, donde permanecerá abierto a aportaciones ciudadanas durante el periodo de información pública.