Aragón rechaza la reclamación económica de Cataluña
La Generalitat exige 791.119 euros por la conservación de los bienes de Sijena, una petición que el Gobierno de Aragón considera un ataque institucional y una provocación jurídica.
La tensión entre Aragón y Cataluña por el patrimonio del Real Monasterio de Sijena ha sumado un nuevo capítulo tras la reclamación extrajudicial presentada por la Generalitat, que exige al Ejecutivo aragonés el pago de 791.119,47 euros por la conservación de las obras que permanecieron durante décadas en Lérida. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha calificado la iniciativa como “un ataque a la dignidad de los aragoneses” y una maniobra que evidencia, a su juicio, la falta de rigor jurídico del Govern.
La reclamación catalana se desglosa en 420.317,82 euros por la restitución de los contratos de compraventa anulados judicialmente y 370.801,65 euros por los gastos de conservación y preservación de las piezas mientras estuvieron en museos catalanes. La Generalitat recuerda que las adquisiciones realizadas en 1983 y 1992 afectaban a 56 obras procedentes del monasterio, de las cuales 44 se encontraban en el Museo Diocesano de Lérida y 12 en el Museo de Arte de Cataluña, adscritas desde 1999 al Museo de Lérida.
Vaquero ha respondido con contundencia, subrayando que Cataluña “ha disfrutado” durante años del valor cultural, turístico y económico de unas piezas cuya propiedad legítima corresponde a Aragón, según han ratificado los tribunales. En este sentido, considera “inaceptable” que ahora se pretenda exigir una compensación económica por su conservación, cuando la Generalitat “ha perdido la razón jurídica en todas las instancias”.
La vicepresidenta ha definido la reclamación como una “pataleta” que busca reabrir un conflicto ya resuelto judicialmente y ha insistido en que la devolución del patrimonio aragonés constituye “un camino sin retorno”. Asimismo, ha denunciado el “ataque permanente” del Govern a la historia y la identidad de Aragón, especialmente en lo relativo al patrimonio histórico y artístico.
En paralelo, el Consejo de Gobierno ha aprobado varios nombramientos en la estructura administrativa autonómica: Adolfo Ballestín Cantín como secretario general técnico de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Alberto Fernández-Arias Montoya como director general de Caza y Pesca; y María Aitziber Lanza Goicoechea como nueva directora general de Salud Pública.