Aragón reafirma la validez jurídica de los registros de ‘Perserte’

El Gobierno de Aragón ha defendido la plena validez jurídica de las diligencias de entrada y registro practicadas en el marco de la operación Perserte, una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel sobre una presunta trama de corrupción medioambiental vinculada a la tramitación de proyectos eólicos y fotovoltaicos en la provincia. Los Servicios Jurídicos de la comunidad han presentado un escrito de oposición al recurso de las defensas, que solicitaban la nulidad de estas actuaciones.

La operación, desarrollada por unidades de la Guardia Civil (UCOMA–SEPRONA), motivó la personación del Ejecutivo autonómico como perjudicado, con el objetivo de “defender los intereses de todos los aragoneses”, tal como recordó la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero.

El núcleo del recurso de las defensas se centraba en que los registros se habrían acordado una vez superado el plazo legal de instrucción. Sin embargo, el Gobierno de Aragón respalda la posición del Ministerio Fiscal, que considera que se trata de una causa compleja, lo que habilita legalmente la ampliación de los plazos y las sucesivas prórrogas acordadas por el juzgado. Según el escrito, todas las diligencias se adoptaron dentro de esos periodos ampliados, por lo que mantienen plena validez.

Los Servicios Jurídicos subrayan además que, incluso si la causa no fuese considerada formalmente compleja, las actuaciones seguirían siendo válidas: o bien fueron acordadas dentro del plazo ordinario, o bien derivan directamente de diligencias solicitadas en tiempo y forma. El documento detalla cronológicamente la evolución del procedimiento y destaca que la investigación ha sido constante, activa y sin periodos de inactividad, lo que refuerza la legitimidad de las actuaciones.

Un elemento central de la oposición presentada es que los informes de la UCOMA y otras diligencias esenciales fueron requeridos desde el inicio del procedimiento, antes del límite temporal que las defensas pretenden fijar como fecha de caducidad. Las entradas y registros posteriores, sostiene el Gobierno, son una consecuencia directa de esas actuaciones iniciales, lo que impide calificarlas como extemporáneas.

El escrito recuerda asimismo que la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo ha superado interpretaciones anteriores que implicaban la anulación automática de diligencias acordadas fuera de plazo. Conforme a esta doctrina, el mero incumplimiento del plazo de instrucción no conlleva la nulidad ni el archivo del procedimiento, ni puede utilizarse como vía indirecta para provocar una prescripción artificial de los delitos investigados.