Aragón planta cara al Ministerio por la nueva ley educativa
Aragón reclama un grupo de trabajo estatal y una memoria económica rigurosa para revisar el anteproyecto de ley que modifica las condiciones docentes en la educación no universitaria.
El Gobierno de Aragón ha elevado el tono frente al Ministerio de Educación al exigir la creación urgente de un grupo de trabajo con representación de todas las autonomías para abordar el anteproyecto de ley destinado a mejorar el sistema educativo no universitario. La consejera en funciones, Tomasa Hernández, ha denunciado que el texto se ha impulsado sin diálogo territorial y sin una memoria económica que avale su viabilidad, lo que considera un nuevo episodio de “deslealtad institucional”.
La propuesta ministerial, que incluye medidas como la reducción de ratios, la mejora de las condiciones laborales del profesorado y avances en la atención a la diversidad, implicaría un notable incremento de recursos humanos, materiales e infraestructuras. Sin embargo, según Aragón, el Ministerio no ha previsto financiación alguna para sostener estos cambios, trasladando toda la carga a las comunidades autónomas.
Hernández ha criticado también que el anteproyecto modifique el marco presupuestario de las transferencias educativas y limite el margen autonómico para definir su propio modelo. A su juicio, el calendario de implantación previsto —que arrancaría ya en septiembre— evidencia un “profundo desconocimiento de la realidad de gestión”, dado que los procesos de escolarización y planificación del próximo curso ya están cerrados.
Pese a su oposición al procedimiento, Aragón subraya que no rechaza el fondo de las medidas. De hecho, la comunidad ha avanzado por su cuenta en varias de ellas mediante un “importante esfuerzo presupuestario propio”. Actualmente aplica un acuerdo de mejoras laborales y salariales hasta 2027, con una inversión de 126 millones de euros. Además, ya cumple con la carga docente máxima de 18 horas en ESO y FP, y alcanzará las 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial en septiembre. También ha reducido ratios y duplicado el presupuesto destinado a inclusión educativa.
Durante la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid, Aragón ha reiterado su petición de un grupo de trabajo que permita abordar las reformas educativas de forma coordinada y con rigor técnico. Hernández ha instado a la nueva ministra a “marcar un cambio de rumbo” respecto a la falta de diálogo de su predecesora y a contar de manera real con las administraciones que gestionan la educación en el día a día.
En paralelo, la consejera ha reclamado seguridad jurídica para mantener el programa de auxiliares de conversación, después de que Aragón —como otras comunidades— haya sido sancionado por la Inspección de Trabajo tras adherirse al modelo diseñado por el Ministerio. Sin garantías legales, advierte, la comunidad se verá obligada a abandonar un programa clave para el bilingüismo y el enriquecimiento cultural en las aulas.