Aragón pide suspender la regularización extraordinaria de inmigrantes

El Gobierno de Aragón ha solicitado la suspensión cautelar de la tramitación administrativa del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determine si el Real Decreto que regula este procedimiento es compatible con el Derecho comunitario. La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, presentó este viernes las alegaciones del Ejecutivo autonómico, acompañada por el director general de Servicios Jurídicos, Juan Pérez Mas .

La iniciativa responde a la providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que otorgó cinco días a las partes para formular alegaciones sobre la posible contradicción entre la norma estatal y el ordenamiento europeo . Aragón se reafirma en su posición favorable a que el Supremo plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE y defiende que la suspensión cautelar es necesaria para evitar efectos jurídicos irreversibles mientras se resuelve la compatibilidad normativa .

Argumentos jurídicos de Aragón

En sus alegaciones, el Gobierno autonómico sostiene que “cuando la norma cuestionada pueda resultar contraria al Derecho de la Unión Europea, los principios que informan dicho ordenamiento aconsejan especialmente la adopción de la medida cautelar” . El escrito subraya que la suspensión sería totalmente reversible, ya que las solicitudes “permanecerían pendientes de resolución” y los intereses de los solicitantes solo se verían “diferidos en el tiempo” .

Por el contrario, permitir que continúe la tramitación podría comprometer el interés público, tanto por las cargas administrativas y económicas en ámbitos como el social, educativo, sanitario o de vivienda, como por el “conflicto jurídico en el que puede verse involucrado el Reino de España en el contexto de la Unión Europea” .

Vaquero: “Defender Aragón significa velar por el respeto a la ley”

Mar Vaquero afirmó que el Ejecutivo autonómico “tiene la obligación de defender los intereses de nuestra comunidad” y actuar cuando una norma “puede afectar a Aragón o suscitar dudas sobre su adecuación a la legalidad” . La vicepresidenta insistió en que “defender Aragón también significa velar por que las decisiones del Gobierno de España se adopten dentro del marco jurídico”, porque el respeto a la ley es “la mejor garantía para proteger a los ciudadanos y preservar el Estado de derecho” .

Vaquero denunció que la “inseguridad jurídica y la falta de respeto al principio de legalidad” están invadiendo decisiones del Gobierno central, lo que supone “poner en riesgo la democracia, el Estado de derecho, la libertad y la igualdad de todos los españoles” . También recordó que las decisiones del Ejecutivo nacional tienen consecuencias para los socios europeos y que pertenecer a la UE implica “responsabilidades y el cumplimiento de la normativa comunitaria” .

Procedimiento judicial en curso

El recurso contencioso-administrativo fue interpuesto por los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón tras la autorización del Consejo de Gobierno el pasado 22 de abril, solicitando expresamente la suspensión cautelar del Real Decreto por su posible incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea .

En el marco del procedimiento, se celebró una vista oral ante la Sección Quinta del Tribunal Supremo, donde Aragón defendió la conveniencia de la suspensión y del planteamiento de la cuestión prejudicial . La providencia dictada ahora concede audiencia a todas las partes, incluida la Abogacía del Estado, para pronunciarse sobre la eventual vulneración del Derecho de la Unión Europea por parte de la norma impugnada.

Este trámite es requisito previo para que el Tribunal Supremo pueda elevar la cuestión al TJUE, sin que suponga una decisión definitiva sobre el fondo del asunto .