Aragón endurece la PACIMV para frenar la inmigración ilegal
El Gobierno autonómico reformará la Ley 3/2021 para limitar el acceso a ayudas sociales y reforzar los requisitos de arraigo y cotización.
La reforma de la Ley 3/2021 que regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV) marcará un giro en la política social del Gobierno de Aragón. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, anunció que el Ejecutivo autonómico aprobará un Proyecto de Ley destinado a impedir que los inmigrantes en situación irregular puedan acceder a esta prestación económica. La medida, según explicó, responde a la necesidad de “no destinar pagas a la inmigración ilegal que detraen dinero a residencias de ancianos o a ayudas a la dependencia”.
Nolasco enmarcó la reforma en la estrategia del Gobierno para endurecer los requisitos de acceso a las prestaciones sociales. Recordó que, con la normativa vigente, “un inmigrante ilegal que alegue vulnerabilidad económica, con llevar un año empadronado en Aragón tiene derecho a un sueldo público que roza los 1.000 euros al mes”. La cuantía media, cifrada en 924 euros mensuales, supera en 220 euros la pensión mínima de viudedad para mujeres menores de 60 años y casi 100 euros la que perciben decenas de miles de viudas mayores de esa edad.
El vicepresidente insistió en que el Ejecutivo no concederá “ni una paguita pública para la inmigración ilegal y desordenada, que se ha convertido en un problema de primerísimo orden para España”. A su juicio, este fenómeno “amenaza el sostenimiento del Estado del Bienestar, pone en riesgo el marco de convivencia y se ha convertido en una de las preocupaciones principales de los españoles”.
La reforma incluirá un endurecimiento de los requisitos de acceso, atendiendo a criterios de “prioridad nacional” y exigiendo un arraigo real, duradero y verificable, vinculado a un periodo reforzado de empadronamiento y a la trayectoria de cotización a la Seguridad Social. El objetivo es garantizar que quienes soliciten la prestación hayan contribuido de manera acreditada al sistema.
La PACIMV y el complemento económico para titulares del IMV (ICSS) representan un gasto anual de 4,5 millones de euros, según datos del Gobierno de Aragón. De esa cantidad, el 25% corresponde a beneficiarios inmigrantes, pese a que este colectivo representa alrededor del 15% de la población aragonesa. Actualmente, más de 1.100 inmigrantes perciben estas ayudas, con una media cercana a los 1.000 euros mensuales. Más de la mitad las reciben desde hace cuatro años o más, lo que, según Nolasco, “favorece agarrarse a la subsidiación de la inmigración de forma prolongada e incluso indefinida”.
El vicepresidente subrayó que “el inmigrante que no pueda ganarse la vida en España no puede estar en España a base de pagas que salen del bolsillo de los españoles y que detraen dinero a residencias de ancianos o a ayudas a la dependencia”. En consecuencia, apeló a “cerrar la puerta a todo aquel que no contribuya al sistema ni a nuestro Estado del Bienestar”.
La reforma, afirmó, busca “poner orden, sentido común, legalidad y prioridad nacional”, evitando que Aragón se convierta en “el gran chollo mundial de quienes acuden a sabiendas de que, trabajen o no, van a tener una renta básica pagada con dinero público”. El Gobierno defiende que las ayudas deben dirigirse a quienes realmente las necesitan, mediante prestaciones “muy bien controladas” que no incentiven la inmigración ilegal ni la desordenada que, según el Ejecutivo, compromete el marco social de convivencia.