Aragón denuncia el “castigo” fiscal a los autónomos

La directora general de Pymes y Autónomos del Gobierno de Aragón, Ana Sanz, ha denunciado lo que considera un “castigo a los autónomos” por parte del Gobierno de España al dejar de aplicar la base mínima de 1.000 euros a los familiares colaboradores y a los autónomos societarios. La medida, que entra en vigor en 2026, eleva la base mínima hasta 1.424,40 euros, lo que supone un incremento del 42,4% respecto al año anterior .

Según Sanz, esta modificación rompe con cualquier planteamiento de ajuste progresivo y se traduce en un aumento directo de la cuota mensual: de 314 euros en 2025 a 448 euros en 2026, es decir, 134 euros más al mes y 1.616 euros adicionales al año. La responsable autonómica lo califica como un “sablazo regulatorio”, alejado de una adaptación razonable para el colectivo.

La directora general subraya que esta subida afecta especialmente a Aragón, donde el 99% del tejido empresarial está formado por pymes y autónomos, y donde el pequeño negocio sostiene buena parte del territorio. Un informe del CESA sitúa en el 95% el peso de las empresas sin trabajadores o con menos de diez empleados, lo que, a juicio de Sanz, agrava el impacto de la medida en la comunidad.

Sanz insiste en que la situación tiene margen jurídico de corrección, ya que deriva de una norma con rango de ley y de su desarrollo posterior. Por ello, reclama una actuación inmediata que permita restablecer la equidad y aplicar una solución con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

La crítica del Ejecutivo aragonés se suma a la posición expresada meses atrás por la vicepresidenta Mar Vaquero, quien ya trasladó al Ministerio de Seguridad Social su rechazo a la propuesta de incremento de cuotas. Aquella presión institucional y sectorial llevó a la retirada de la subida generalizada, pero la nueva situación vuelve a activar la movilización de las organizaciones de autónomos.

Tanto ATA como UPTA confirman que trabajan con distintos grupos parlamentarios para impulsar una modificación normativa que congele las cuotas también para los colectivos afectados. Sus presidentes, Lorenzo Amor y Eduardo Abad, coinciden en que la solución es “sencilla” y debe aprobarse con carácter inmediato y retroactivo, evitando así un perjuicio económico que consideran injustificado.