Aragón aplicará pruebas forenses a todos los menas

El Gobierno de Aragón ha decidido implantar un nuevo protocolo de verificación de edad para todos los menores extranjeros no acompañados (menas) que lleguen a la comunidad enviados por el Estado. La medida, impulsada por el vicepresidente Alejandro Nolasco, responde a los casos de fraude detectados en expedientes recientes remitidos por el Gobierno central .

Uno de los episodios más significativos se produjo cuando el Ejecutivo autonómico recibió a un supuesto menor de 13 años que, tras una prueba biológica solicitada por los servicios de la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, resultó tener alrededor de 20 años, según determinó el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) . El joven había llegado desde Mauritania tras ser trasladado desde Canarias por el Estado.

Los servicios sociales autonómicos detectaron múltiples indicios de fraude en el expediente, entre ellos la discrepancia entre la apariencia física del supuesto menor y la edad declarada, así como el hecho de que afirmara tener dos hijos en su país de origen . Tras confirmarse la mayoría de edad, el Gobierno aragonés expulsó al joven del centro de acogida, aunque quedó en libertad en España a la espera de actuación por parte de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior. Su estancia durante casi tres meses supuso un coste aproximado de 13.000 euros para las arcas autonómicas, según informó Nolasco.

El Ejecutivo autonómico sostiene que estos casos no son aislados y que la falsedad en los datos de edad afecta a la correcta atención de los menores. Otro ejemplo citado es el de una menor que, según el Gobierno de España, tendría 9 años, mientras que una estimación pediátrica apunta a que rondaría los 13.

Nolasco denuncia que apenas el 20% de los menas enviados por el Estado llegan con un certificado biológico que acredite su edad real, lo que, a su juicio, favorece fraudes reiterados: tanto mayores de edad que se hacen pasar por menores como menores que declaran edades muy inferiores para prolongar su estancia en centros de acogida financiados con fondos públicos.

Ante esta situación, el vicepresidente ha ordenado que, desde este mismo momento, se soliciten pruebas forenses de edad para todos los menas remitidos a Aragón. Estas pruebas serán tramitadas ante la Fiscalía de Menores y ejecutadas por el IMLA, organismo dependiente del propio Gobierno autonómico.

Nolasco ha acusado al Gobierno de España de inacción y de ser “cómplice” de una “invasión migratoria”, afirmando que Aragón no permitirá que estos casos continúen produciéndose y que notificará de inmediato cada fraude detectado a la Delegación del Gobierno para que asuma su responsabilidad en materia de Extranjería.